Los fiscales de Extranjería del territorio nacional emitieron el año pasado un total de 11.760 dictámenes sobre autorizaciones judiciales para el ingreso de inmigrantes sometidos a un expediente de expulsión en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), un 16 por ciento menos que en 2011, y en uno de cada cuatro casos el Fiscal desaconsejó esta medida.
Concretamente, un 25,1 por ciento de los dictámenes fueron desfavorables frente al 74,9 por ciento de favorables, lo que significa un incremento de un 1,5 por ciento con respecto al año anterior de los casos en que el Fiscal aconsejó que el inmigrante fuera detenido.Así se desprende de la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería, donde se recoge que, en total, el año pasado fueron privados de libertad en estas instalaciones 11.325 personas de los que fueron efectivamente expulsados o devueltos algo más de la mitad, un total de 5.924 extranjeros.
En cuanto a las condiciones de estos centros el Fiscal destaca que es "imprescindible" adoptar las medidas adecuadas para mejorar la atención sanitaria y la asistencia social de los internos y asegura que comparte "sin matices" las deficiencias denunciadas por la Oficina del Defensor del Pueblo.
Asimismo, recuerda que se ha llevado a cabo el cierre y desmantelamiento del CIE de Málaga, tal y como había reclamado la Fiscalía reiteradamente y remarca la realización de "importantes obras de mejora" en los CIE de Algeciras y de Madrid, "del todo punto necesarias", al haberse convertido el primero de ellos en el único Centro de estas características de Andalucía y al albergar el segundo a la mayor parte de los internos procedentes del norte de España. Además, lamenta que el CIE de Algeciras "sigue sin servicios sociales".
Por otro lado, el informe revela que en el año 2012 llegaron a España 275 menores extranjeros sin compañía de un adulto en pateras u otras embarcaciones similares, lo que supone un descenso de un 22,9 por ciento respecto al año anterior.
Además, advierte de que a esta cifra debe añadirse la llegada en pateras a lo largo del año 2012 de 35 bebés junto con adultos que afirmaban tener un vínculo paterno o materno filial con el niño sin acreditarlo de manera indubitada mediante una documentación fehaciente.
En total, a lo largo del año 2012, los fiscales incoaron 1.973 diligencias preprocesales de determinación de edad, lo que supone un descenso del 18,40 por ciento con respecto al año 2011 y en el 67,8 por ciento de los casos se trataba de menores de edad. El mayor número de diligencias se realizó en Algeciras y en Melilla así como en las costas andaluza, murciana y alicantina, aunque en Barcelona se alcanzó el doble que en Madrid.
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